jueves, 9 de julio de 2009

PUERTO LAS OLLAS, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO


Si los gobiernos estatal y federal desean hacer caso omiso a las arbitrariedades del Ejército Mexicano en la comunidad de Puerto Las Ollas en el municipio de Coyuca de Catalán en la región de la Tierra Caliente de Guerrero deben prepararse a responder las interrogantes que provengan del exterior, en particular del país vecino, Estados Unidos. Esto debido a que el periódico The Washington Post publicó un artículo bien documentado el día de hoy 9 de julio respecto de los atropellos a los derechos humanos a habitantes de esta población.




Mexico Accused of Torture in Drug War
Army Using Brutality To Fight Trafficking, Rights Groups Say

By Steve Fainaru and William Booth
Washington Post Foreign Service
Thursday, July 9, 2009
PUERTO LAS OLLAS, Mexico -- The Mexican army has carried out forced disappearances, acts of torture and illegal raids in pursuit of drug traffickers, according to documents and interviews with victims, their families, political leaders and human rights monitors.

From the violent border cities where drugs are brought into the United States to the remote highland regions where poppies and marijuana are harvested, residents and human rights groups describe an increasingly brutal war in which the government, led by the army, is using harsh measures to battle the cartels that continue to terrorize much of the country.

In Puerto Las Ollas, a mountain village of 50 people in the southern state of Guerrero, residents recounted how soldiers seeking information last month stuck needles under the fingernails of a disabled 37-year-old farmer, jabbed a knife into the back of his 13-year-old nephew, fired on a pastor, and stole food, milk, clothing and medication.

In Tijuana, across the border from San Diego, two dozen policemen who were arrested on drug charges in March alleged that, to extract confessions, soldiers beat them, held plastic bags over their heads until some lost consciousness, strapped their feet to a ceiling while dunking their heads in water and applied electric shocks, according to court documents, letters and interviews with their relatives and defense lawyers.

The officers were detained at a military base for more than a month.

Mexican officials acknowledged that abuses have occurred in the fight against traffickers but described the cases as isolated. In some instances, drug traffickers may be accusing the army of torture and other human rights violations as propaganda and to deflect attention from the government's efforts to dismantle their operations, the officials said.

"I know that the armed forces are not acting inappropriately, although there have been some cases," said Interior Minister Fernando Gómez Mont, who is responsible for coordinating security operations across Mexico. "The government honestly believes that. There is no incentive for abuse."

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/08/AR2009070804197.html?sid=ST2009070804333





Tercera incursión militar en Puerto las Ollas, ahora “por las buenas”
Un coronel de apellido Mendoza dijo a vecinos que fue a constatar atropellos de junio

CITLAL GILES Y ROBERTO RAMIREZ


Por tercera ocasión, soldados irrumpieron en la comunidad Puerto Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, por lo que integrantes de organizaciones sociales lanzaron acciones urgentes a las autoridades, ante el peligro inminente en que se encuentran los habitantes. En esta ocasión, según habitantes con los que se logró hacer contacto vía telefónica, los soldados fueron a investigar qué daños habían causado los del batallón 40, que ingresaron a la comunidad el mes pasado.

La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) informó que a las 2 de la tarde entró a la comunidad un convoy de militares, por lo que se comunicaron con algunos de sus habitantes; sin embargo, por problemas de recepción de señal de los teléfonos celulares, la comunicación fue cortada, dejando en incertidumbre las condiciones e integridad física de los pobladores, en su mayoría mujeres y niños.

Lo anterior preocupó a las organizaciones sociales, ya que el mes pasado unos 500 soldados ingresaron a la comunidad y durante cuatro días agredieron y torturaron tanto a niños como a mujeres.

Por ello, la COMS –integrada por el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y la Red de Manglar Internacional– exigieron nuevamente al gobierno federal, al Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como las diversas instancias y organismos internacionales, a los movimientos sociales y a ciudadanos en general, estar atentos al clima de inseguridad creado por la militarización en Guerrero.

“No venimos a buscar problemas”

Alma Delia Ramírez López, una mujer de la comunidad, relató que ayer los soldados que llegaron eran integrantes de los batallones 19, 40 y 56, encabezados por un coronel de apellido Mendoza, y a diferencia de los anteriores, su actitud era amable y les explicaron que su presencia en el lugar era para investigar la actuación de los anteriores.

Mendoza dijo, según Ramírez López: “Yo sé que ustedes tienen miedo, pero nosotros venimos a preguntarles por las buenas (qué hicieron los otros) porque eso no se vale, uno no debe entrar a las casas, ni mucho menos robar”.

Relató que en la comunidad sólo se encontraban mujeres y niños durante las casi siete horas que estuvieron los militares, y en ese lapso, los soldados tomaron fotografías de las casas en busca de daños, de las personas, y les pidieron sus nombres, así como listas de las afectaciones hechas por los otros soldados.

“Nosotros no venimos a buscar problemas, queremos ayudar”, dijo que les explicó Mendoza. En total, relató la mujer, fueron dos camiones llenos los que se presentaron en el poblado, y se retiraron a las 8:45 de la noche aproximadamente. “Vinieron a preguntar qué daño hicieron (los otros), si habían sacado armas de las casas, y querían una lista de las cosas malas que hicieron. Nosotros les dijimos que si podían echar eso (la denuncia por los atropellos) al periódico o a la televisión, y nos dijeron que no podían”.

Durante todo el tiempo, dijo, estuvieron preguntando de casa en casa a las mujeres, pero al final no se comprometieron a nada.

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